La Comisión de Asuntos Constitucionales del Cuerpo Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunió en el Salón Presidente Alfonsín para abordar el expediente 2813-J-2024. Esta propuesta incluye el proyecto de ley que busca aprobar la quinta actualización del “Digesto Jurídico”, un compendio que agrupa las normas de carácter general y permanente que rigen en el territorio porteño.
Durante la reunión, participaron figuras destacadas de la comisión, como el Presidente Primero, Hernán Reyes; la Vicepresidente Primera, Inés Parry; la Vicepresidente Segunda, Graciana Peñafort; y los vocales Yamil Santoro, Franco Vitali, Rebeca Fleitas, Juan Pablo Arenaza y Gimena Villafruela. El propósito de esta actualización es optimizar la organización y accesibilidad de la normativa vigente, la cual se revisa cada dos años.
El “Digesto Jurídico” incluye un conjunto de leyes, ordenanzas y decretos de necesidad y urgencia que sean de alcance general y carácter permanente. Asimismo, la actualización establece categorías específicas para clasificar estas normas, facilitando su comprensión y consulta.
Además, el expediente detalla el Anexo I, que presenta un listado exhaustivo de todas las normas vigentes, organizadas por temáticas diversas, tales como educación, salud y medio ambiente, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 5300. Por otro lado, los Anexos II, III y IV incluyen las normas que han dejado de estar vigentes, ya sea por derogación explícita o implícita, o porque fusionaron con otras disposiciones legales.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es facilitar el acceso a la información legal, tanto para los funcionarios del gobierno como para la ciudadanía en general. En este sentido, se busca asegurar que todos los habitantes de la Ciudad tengan acceso a normas claras y actualizadas, lo que contribuirá a la transparencia y a una mejor comprensión de la legislación vigente.
En conclusión, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la actualización del “Digesto Jurídico” representa un paso significativo hacia la modernización y accesibilidad de la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa no solo beneficia a los funcionarios y al gobierno, sino que también se orienta a empoderar a los ciudadanos, promoviendo una cultura de transparencia y participación informada en el ámbito legal.
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